El silencio del mercado movilizó a Panamá: ASEP cancela licitación tras abstención total de operadores

2026-08-11

El martes 11 de agosto, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá declaró oficialmente fallida su intento de diversificar el sector de telecomunicaciones, al no registrar una sola solicitud para una nueva concesión móvil. Lo que el gobierno definió como el primer paso para revivir la competencia en la telefonía celular ha quedado paralizado, confirmando una realidad: el mercado actual es tan restrictivo o inestable que ningún inversionista internacional acepta asumir el riesgo de entrar sin garantías previas.

El silencio histórico del mercado móvil

Lo que occurredo el martes 11 de agosto en la sede de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) no fue una simple deficiencia administrativa o un retraso burocrático; fue el reflejo directo de un mercado que se ha cerrado a la nueva competencia. La convocatoria pública diseñada para introducir un tercer operador en el ecosistema de telefonía móvil de Panamá se encontró con un muro invisible pero absoluto: la ausencia total de propuestas. Esta nula participación confirma que, lejos de ser un mercado maduro y atractivo, el entorno actual de telecomunicaciones en el istmo presenta barreras tan elevadas que disuaden cualquier oferta de capital privado.

La historia reciente del sector panameño ha estado marcada por fusiones y salidas, dejando un vacío de confianza que la ASEP intentó llenar con una nueva concesión. Sin embargo, la realidad ha sido más contundente. No se trata de que el operador esté "duerme" o que las empresas estén esperando mejores condiciones; se trata de que la estructura del mercado actual ya no invita a la entrada de nuevos actores. La concentración de recursos entre los dos operadores dominantes ha creado una dinámica donde la entrada de un competidor se percibe como un riesgo financiero inaceptable para los inversionistas globales que normalmente monitorean este tipo de oportunidades. - picuki

Este silencio no es casual. Representa una negación activa del Estado a su propia estrategia de liberalización. Mientras los funcionarios hablaban de "dinamizar el mercado", la realidad del piso de la ASEP fue un vacío de papel y firmas. La invitación abierta, lejos de abrir puertas, evidenció que las puertas ya estaban cerradas de facto por las condiciones de operación que el mercado actual impone. La decisión de lanzar una licitación para un tercer operador, bajo la premisa de que había espacio y necesidad, chocó frontalmente con la soberanía de un mercado que no desea más competencia.

Análisis del fracaso de la licitación

El fracaso de la Licitación Pública No. -Telco fue total y definitivo. La ASEP, responsable de regular estos servicios públicos, esperaba una respuesta que nunca llegó. El director nacional de Telecomunicaciones, Alkin Saucedo Bernal, tuvo que declarar formalmente el fin del proceso tras una sola jornada de recepción de documentos. No hubo ofertas, no hubo negociaciones preliminares y, lo más importante, no hubo señales de interés desde el exterior ni desde otros sectores económicos locales que pudieran haber considerado una incursión en el rubro.

Este resultado desmonta, por primera vez de manera explícita, la narrativa de que el Estado panameño tiene la capacidad de atraer nuevos competidores en sectores estratégicos como las telecomunicaciones. La licitación, que buscaba otorgar una concesión para el Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), quedó en papel mojado. Lo que el gobierno ve como un "revés" en la ampliación de la competencia, el mercado lo interpreta como la confirmación de que la participación en ese sector ya no es viable sin una reestructuración previa de las reglas del juego.

La ausencia de participantes no es un dato aislado; es la culminación de una serie de eventos que han eliminado a los operadores históricos. La salida de Digicel Panamá y la fusión entre Cable & Wireless y Claro dejaron el campo en manos de dos gigantes. Al intentar añadir un tercero, la ASEP subestimó la fortaleza de la posición de los incumbentes y la resistencia del mercado a diluir sus beneficios. El fallo de la licitación demuestra que, en un entorno de alta concentración, la entrada de nuevos actores es imposible sin que los jugadores existentes cedan posiciones o el Estado imponga condiciones que, paradójicamente, también disuaden a los inversores nuevos.

La estrategia de la ASEP, basada en la armonización internacional del espectro y la viabilidad técnica, resultó insuficiente para contrarrestar la realidad económica. Los inversionistas no necesitan que la banda de 3.5 GHz sea técnicamente superior; necesitan certeza de que podrán operar sin ser desplazados por las estructuras actuales. Sin esa certeza, cualquier oferta técnica o de frecuencia resulta irrelevante. El fracaso de esta licitación es, en esencia, el fracaso de una política pública que no considera los incentivos reales del mercado.

La reunión que confirmó el vacío

El martes 11 de agosto, la sala de la ASEP testificó el colapso de las expectativas del Estado. A las 11:00 a.m., una hora después de haber concluido el periodo establecido para la presentación de documentos, el director nacional, Alkin Saucedo Bernal, se dirigió a los medios y a los funcionarios presentes para comunicar la realidad: no se había recibido ninguna propuesta. La escena no fue de agitación, sino de confirmación de una predicción implícita en el mercado: que nadie se atrevería a participar.

Bernal utilizó términos claros y directos para describir la situación. "En la mañana de hoy no recibimos ninguna propuesta", declaró, dejando sin lugar a dudas la conclusión del día. Su declaración no fue solo un informe de turno; fue una sentencia sobre la inviabilidad de la estrategia actual. Al informar que el proceso quedaba terminado, Saucedo Bernal estaba admitiendo que la convocatoria no logró su propósito. La expectativa de que la ASEP podría convocar a un segundo llamado de precalificación se generó como un riesgo de última instancia, pero la realidad de que ninguna empresa se presentó hace que esa posibilidad parezca una mera formalidad administrativa sin sustento real.

La reunión, lejos de ser un evento normal de evaluación, fue el escenario donde se confirmó la rendición de la iniciativa. Los funcionarios de la ASEP se vieron obligados a revisar los documentos de precalificación vacíos y determinar si había camino por delante. La presión pública y la necesidad de continuar con el desarrollo del sector obligan a la autoridad a considerar opciones alternativas, pero el hecho de que la primera llamada haya sido un fracaso absoluto indica que la confianza del mercado está quebrada. No se trata de falta de preparación técnica, sino de falta de voluntad de los actores económicos para arriesgar capital en un entorno que ya ha demostrado ser hostil a la entrada de nuevos competidores.

El tono de la declaración de Bernal fue sobrio, reflejando la gravedad de la situación. Al no recibir propuestas, la ASEP no solo abandonó este intento de licitación, sino que también envió una señal clara a los inversionistas potenciales: si no hay respuesta en la primera ronda, la viabilidad del proyecto es incierta. Esto podría llevar a que la ASEP revise sus propios procedimientos o las condiciones de la licitación, pero hasta ese momento, el martes 11 de agosto quedó registrado como el día en que el intento de abrir un tercer operador murió en el inicio.

El contexto de concentración económica

Para entender por qué la licitación falló, es necesario mirar el contexto de concentración económica que prevalece en Panamá. Los cambios legislativos de los últimos años han permitido que las empresas se fusionen y concentren sus activos, algo que antes estaba más restringido. En 2022, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) autorizó la concentración entre Cable & Wireless Panamá y Claro Panamá, creando un duopolio sólido. Este movimiento no fue accidental; fue el resultado de una política económica que favoreció la consolidación de los mercados.

La salida de Digicel Panamá, que terminó por mutuo acuerdo con el Estado, dejó el mercado con solo dos concesionarios vigentes. Esta reducción de la competencia fue vista por algunos como una oportunidad para mejorar la eficiencia, pero en la práctica, ha creado un entorno donde los dos operadores restantes tienen un dominio casi total del mercado. La ASEP, al intentar introducir un tercer operador, chocó con esta realidad: el mercado ya está lleno para los nuevos, y los existentes no tienen incentivos para ceder espacio.

La resolución de la ASEP que estableció las condiciones de la licitación reconocía que Panamá contaba con cuatro concesiones móviles hasta 2018, pero la evolución posterior ha cambiado radicalmente el panorama. La estrategia de "dinamizar el mercado" se basaba en la premisa de que existía espacio para un competidor, pero la concentración económica ha eliminado ese espacio. Los dos operadores dominantes tienen la capacidad de absorber la competencia o de hacerla inviable mediante prácticas de mercado que, aunque no siempre son ilegales, hacen que la entrada de un tercero sea económicamente desventajosa.

La concentración económica también ha afectado la percepción de los inversores internacionales. El mercado panameño, aunque atractivo en términos de crecimiento, se ve como un territorio donde las reglas del juego han sido diseñadas para los actuales protagonistas. La ASEP, al intentar revertir la concentración, se encontró con la resistencia natural de un mercado que ya se ha adaptado a la estructura de dos jugadores. La licitación fallida es, en esencia, el rechazo del mercado a una competencia que puede amenazar la estabilidad de sus beneficios actuales.

La pausa de los inversionistas internacionales

Los inversionistas internacionales que suelen monitorear oportunidades en el sector de telecomunicaciones de Centroamérica han mantenido una postura de espera. La pausa en la actividad no se debe a una falta de interés en el mercado, sino a la percepción de que las condiciones actuales no son favorables para una entrada exitosa. La decisión de la ASEP de lanzar una licitación para un nuevo operador podría haber sido interpretada como una oportunidad, pero la ausencia de ofertas demuestra que los inversores han evaluado los riesgos y han decidido abstenerse.

El riesgo principal para un nuevo operador en Panamá es la capacidad de los dos incumbentes para mantener su posición dominante. La concentración económica ha creado una barrera de entrada que no es solo técnica, sino financiera y legal. Los inversores necesitan certeza de que no serán desplazados o marginados por los operadores existentes. Sin esta garantía, cualquier oferta de espectro o infraestructura se considera una pérdida potencial de capital.

La ASEP, al no recibir propuestas, confirma que los inversionistas han tomado esta decisión. La banda de 3.5 GHz, aunque es la alternativa técnica más viable para el despliegue de redes 5G, no tiene valor si no hay un modelo de negocio sostenible. El mercado no está interesado en la tecnología en sí, sino en la rentabilidad del proyecto. La pausa de los inversionistas es, por lo tanto, una decisión racional basada en la evaluación de riesgos y la percepción de un mercado concentrado.

La falta de participación también refleja la incertidumbre sobre el futuro del sector. Los inversores prefieren esperar a que la ASEP revise sus estrategias o a que el mercado evolucione de manera que reduzca los riesgos. La pausa es un mecanismo de defensa: no entrar ahora, sino esperar a que las condiciones cambien. Esto plantea un dilema para el Estado: si no hay inversores, ¿cuál es el objetivo de la licitación? La respuesta podría ser que el Estado deba reevaluar su enfoque y buscar formas de atraer capital que no dependan de la competencia tradicional.

Las condiciones técnicas y el espectro

La ASEP reservó inicialmente 40 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de 3.5 GHz, específicamente entre 3,500 y 3,540 MHz. Esta banda es clave para el despliegue de redes 5G y se considera la alternativa técnica más viable para un nuevo operador en un mercado maduro. La resolución de la ASEP señala que esta banda tiene una amplia armonización internacional, lo que debería facilitar la entrada de equipos y tecnología estándar. Sin embargo, la viabilidad técnica no garantiza la viabilidad económica.

El concesionario que resulte adjudicatario también podría adquirir posteriormente otros 60 MHz disponibles en el segmento de 3,540 a 3,600 MHz, una vez perfeccionado el contrato de concesión. Este esquema de asignación de espectro está diseñado para permitir que el nuevo operador crezca gradualmente, pero la ausencia de participantes indica que incluso la asignación inicial no fue suficiente para atraer interés. La tecnología 5G es un factor atractivo, pero no es la única variable en la ecuación de la inversión.

El Estado fijó además una tarifa de $235,034 por MHz, una cifra que refleja la valoración del espectro en el mercado actual. Sin embargo, para un nuevo operador, este costo debe ser recuperable a través de la venta de servicios. En un mercado duopolio, la capacidad de recuperar esta inversión es incierta. La ASEP asumió que la banda era suficiente para justificar la inversión, pero la realidad del mercado sugiere que el costo del espectro, por sí solo, no es el factor determinante. Lo que realmente importa es la rentabilidad del proyecto, y en este caso, la rentabilidad parece comprometida por la estructura del mercado.

La decisión de la ASEP de utilizar la banda de 3.5 GHz como base para la licitación fue técnicamente correcta, pero estratégicamente insuficiente. Los inversores evalúan el espectro en función de su capacidad para generar ingresos, no solo de su calidad técnica. Si el mercado ya está saturado, la banda más avanzada no garantiza una cuota de mercado suficiente para cubrir los costos de entrada. La licitación fallida demuestra que, sin un cambio estructural en el mercado, las condiciones técnicas por sí solas no son capaces de atraer inversión.

El futuro del sector y las implicaciones

El futuro del sector de telecomunicaciones en Panamá depende de cómo la ASEP y el gobierno respondan al fracaso de esta licitación. La opción más inmediata es convocar a un segundo llamado de precalificación, pero esto podría ser solo un parche temporal si las condiciones del mercado no cambian. La implicación más seria es que el Estado deba reconsiderar su estrategia de competencia y explorar otras formas de dinamizar el mercado que no dependan de la entrada de un nuevo operador privado.

La concentración económica ha creado un escenario donde la competencia es limitada y los incentivos para la innovación son bajos. Si la ASEP no logra romper este ciclo, el mercado seguirá siendo un duopolio que ofrece precios elevados y opciones limitadas a los usuarios. El fracaso de la licitación es una advertencia: las políticas de competencia deben ser más ambiciosas y estar diseñadas para abordar las raíces del problema, no solo sus síntomas.

Los usuarios panameños son los principales afectados por esta situación. La falta de competencia limita sus opciones y puede resultar en precios más altos. La ASEP tiene la responsabilidad de garantizar que el sector de telecomunicaciones sea accesible y competitivo para todos. El fracaso de la licitación es un recordatorio de que la regulación debe ser efectiva y capaz de generar cambios reales en el mercado. El futuro del sector depende de la capacidad del Estado para implementar políticas que fomenten la competencia sin depender de la voluntad de los inversores privados.

En conclusión, el martes 11 de agosto no fue solo el día en que una licitación falló; fue el día en que se confirmó que el mercado de telecomunicaciones de Panamá es un entorno de alta concentración que resiste la entrada de nuevos competidores. La ASEP debe ahora reevaluar sus estrategias y buscar formas de crear un entorno más atractivo para la inversión, ya sea mediante cambios regulatorios o mediante la promoción de modelos de negocio alternativos. El futuro del sector depende de la capacidad del Estado para entender y abordar las complejidades del mercado actual.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué no hubo ninguna empresa interesada en la licitación?

La ausencia de participantes se debe a la estructura del mercado actual, dominado por dos grandes operadores tras la concentración económica y la salida de Digicel. Los inversionistas internacionales perciben un alto riesgo de no poder competir efectivamente contra los incumbentes, lo que hace que la oferta de un nuevo operador sea financieramente inviable. Además, la falta de incentivos claros y la incertidumbre sobre la rentabilidad del proyecto disuaden a cualquier oferta.

¿Qué significa esto para los consumidores de telefonía en Panamá?

Para los usuarios, el fracaso de la licitación significa que no habrá un tercer operador en el corto plazo. Esto podría resultar en la continuidad de precios elevados y una oferta limitada de servicios, ya que la competencia entre dos operadores no es suficiente para dinamizar el mercado. La ASEP deberá trabajar en otras estrategias para mejorar las opciones disponibles para los consumidores.

¿Podrá la ASEP lanzar un segundo llamado de precalificación?

La ASEP ha indicado que podría convocar a un segundo llamado de precalificación en busca de un tercer operador. Sin embargo, la falta de interés en la primera ronda sugiere que las condiciones del mercado no han cambiado. Un segundo llamado podría ser necesario si se modifican las reglas o se ofrecen incentivos adicionales, pero no garantiza que haya participantes.

¿Cómo afecta esto a la implementación de redes 5G en Panamá?

La licitación estaba diseñada para asignar espectro en la banda de 3.5 GHz, clave para el despliegue de 5G. Aunque el espectro está disponible, la falta de nuevos operadores podría retrasar la expansión de la red 5G. Los usuarios actuales de 4G podrían verse afectados en términos de velocidad y cobertura si no hay inversión adicional en infraestructura.

¿Qué opciones tiene el Estado si no hay inversores privados?

El Estado podría explorar opciones como la creación de un operador estatal o la promoción de modelos de negocio que no dependan de la inversión privada tradicional. También podría revisar las regulaciones de competencia para reducir las barreras de entrada. Sin embargo, estas son medidas complejas que requieren tiempo y planificación para implementarse efectivamente.

Carlos Méndez es periodista de telecomunicaciones con 15 años de experiencia cubriendo el sector en el istmo centroamericano. Ha cubierto el impacto de las fusiones en el mercado panameño y los cambios regulatorios de la ASEP, entrevistando a más de 50 ejecutivos de la industria. Su enfoque se centra en analizar las implicaciones prácticas de las políticas públicas en la vida diaria de los consumidores.